La sala dice que algunas de las deficiencias no eran detectables y descarta que estuvieran dentro de la trama
La Audiencia Provincial ha dejado fuera de la investigación por una presunta estafa en la venta de autocaravanas a todos los técnicos de la Inspección Técnica de Vehículos (ITVs) de Alicante y Benidorm, según el auto al que ha tenido acceso este diario. La Sección Segunda se basa en que los imputados ni estaban compinchados con los supuestos autores del fraude, ni podían detectar las deficiencias que presentaban los vehículos. Un juez de Alicante investiga la venta de cerca de 33 autocaravanas cuyo destino debería haber sido el desguace, tras ser afectadas por unas inundaciones en Francia, pero que fueron comercializadas por un establecimiento de Alicante. El magistrado imputó en un primer momento a los 25 técnicos que firmaron la ITV de estos vehículos pero acabó archivando la causa para ellos.
La acusación particular, que ejerce la empresa que fabricó las autocaravanas, reclamaba que la causa continuara para tres de ellos, superiores de los otros inspectores, por considerar que podrían haber cometido delitos contra la propiedad industrial, estafa, falsedad documental. La Audiencia ha rechazado que se les pueda imputar estos delitos y ha respaldado los argumentos de la defensa de los inspectores, el letrado Alejandro Baos.
Según el auto, no hay indicio alguno de que los imputados estuvieran concertados con otros para vender los vehículos inspeccionados, ni de cuáles eran las intenciones de los propietarios. Tampoco se ha encontrado acreditado que estuvieran dentro de la trama para comercializar las autocaravanas. «No todos los vehículos presentaban las mismas irregularidades, ni todas ellas podrían haber sido detectadas durante una inspección rutinaria», recalca la Audiencia. La sala recuerda que en los casos en los que los fallos debieran haber sido detectados el delito de falsedad se situarían en el terreno de la imprudencia, pero que los imputados dependían de las informaciones que les daban los otros. «Debieron verificar la información (...) pero no hacerlo no implica el conocimiento de los defectos, sino la infracción del cuidado exigible», dice el auto. La sala dice que no se les puede imputar un delito imprudente de falsedad, porque estos acusados no ostentan la condición de autoridad o de funcionario público. Por tanto el procedimiento continuará sólo para las personas que comercializaron las autocaravanas. Los hechos se remontan al 6 de septiembre de 2008 durante unas inundaciones en Francia, en las que resultaron afectadas 414 caravanas. Todos fueron declarados siniestro total y no aptos para la circulación, al haber sido gravemente dañados en su interior.
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