martes, 14 de enero de 2014

El gobierno pasa a Conselleria la pelota del ‘bloqueo’ del camping de la Media Legua

El edil de Urbanismo asegura que no se ha podido dar la licencia ambiental porque el constructor ha pedido una modificación dela DIC que tiene que autorizar la Conselleria.

Afirma que el empresario no se siente perjudicado “porque conoce el estado de tramitación del expediente”

El “bloqueo” del camping proyectado en los terrenos de la finca de La Media Legua -como lo calificó el miércoles el edil no adscrito, Juan Ángel Ferrer- no se puede achacar al Ayuntamiento, sino en todo caso a la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente. El edil de Urbanismo, Vicente Juan Ivorra, ha deslizado este jueves que si el Ayuntamiento ha decidido suspender todo el procedimiento es porque en estos momentos no es posible conceder la licencia ambiental hasta que no se pronuncie la Conselleria.
El motivo está relacionado con la Declaración de Interés Comunitario (DIC), indispensable para poder levantar un camping de segunda categoría en un suelo no urbanizable. En diciembre de 2012 la Conselleria dio el visto bueno a esta DIC que, entre otras cosas, recogía que el constructor, Antonio Manuel Puchades, tenía que pagar de una sola vez al Ayuntamiento un canon de casi 220.000 euros.
Con esta DIC en la mano el Ayuntamiento tenía que realizar una serie de informes para darle al constructor la licencia ambiental y la de obras para hacer el camping. Ivorra ha indicado que hasta el pasado junio Benidorm no tuvo conocimiento de que la Conselleria había dado el visto bueno a la DIC, cuya aprobación se solicitó tres años antes. Y si los técnicos no han informado hasta ahora es porque el constructor ha pedido a la Conselleria que la modifique. Según el edil, hasta que Conselleria no dé el “sí” a la modificación, el Ayuntamiento no puede hacer nada y por eso se ha optado por suspender el procedimiento. Una explicación que el gobierno no trasladó el día anterior.

Falta saber cuánto tiempo tardará ahora la Conselleria en autorizar los cambios pedidos por el constructor. Porque de ese visto bueno depende que el Ayuntamiento pueda tramitar todas las licencias e ingresar los casi 220.000 euros de canon y los 25.000 euros del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Ivorra ha acusado a Ferrer de “manipular” los datos y ha remarcado que el retraso no se debe a la falta de informes municipales. Además, ha negado que se haya generado ningún perjuicio al empresario. De hecho, ha invitado a preguntarle directamente a Puchades, de quien ha asegurado que “en absoluto se siente perjudicado por la supuesta inacción del Ayuntamiento porque conoce perfectamente el esta del tramitación del expediente”.

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