El Pleno de la Corporación de Santander someterá el lunes, 21 de diciembre, a su aprobación inicial, en la sesión ordinaria de diciembre la modificación de la Ordenanza de Circulación que tiene como objetivo de regular el estacionamiento de autocaravanas en la ciudad.
Así lo ha anunciado el concejal de Protección Ciudadana, Pedro Nalda, quien ha explicado con esta modificación "se da cumplimiento" al acuerdo aprobado por unanimidad por el Pleno para excluir a las autocaravanas de los tipos de vehículos a los que se prohíbe estacionar en Santander.
El nuevo reglamento establecerá, además, que en el caso de fijarse algún tipo de limitación para autocaravanas, deberá estar motivada y fundamentada en razones objetivas como pueden ser las dimensiones exteriores o su masa máxima autorizada, pero no por su criterio de construcción o utilización.
Nalda ha recordado que el Consistorio continúa trabajando junto a las asociaciones del sector de las autocaravanas y campings, en el anteproyecto para la creación de un nuevo área de autocaravanas en Cabo Mayor, un proyecto que va a suponer una inversión de alrededor de 350.000 euros.
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE AUTONOMÍA PERSONAL
El Pleno también debatirá y votará la aprobación inicial del reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Autonomía Personal, un nuevo órgano de participación que pretende servir de cauce para el conocimiento, estudio y búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a las personas con discapacidad.
El reglamento atribuye a las personas con discapacidad el protagonismo en el Consejo, dando especial relevancia a sus exposiciones, proyectos, actuaciones y propuestas que contribuyan a la eliminación de barreras sociales al colectivo que representan.
Entre sus funciones estarán las de proponer las medidas que considere oportunas para fomentar el asociacionismo y la participación de las personas con discapacidad, así como actuaciones que contribuyan a la mejora del bienestar social del colectivo.
OCHO MOCIONES DE LA OPOSICIÓN
En la sesión del lunes, se debatirán, además, ocho mociones, presentadas por Ganemos, PRC, Izquierda Unida y PSOE.
Ganemos pedirá que se apruebe una declaración institucional del agua como derecho humano, que se elabore un estudio sobre la viabilidad económica y legal de la recuperación de la gestión pública del servicio de suministro de agua y que se realice una auditoría independiente de las cuentas de Aqualia y una inspección de que el canon anual se corresponde con lo que se contempla en el contrato.
En su moción, propondrá que se prohíba suspender el suministro por el impago de un solo recibo y que sólo se pueda materializar por el impago de cuatro recibos, así como la prohibición de la suspensión del suministro en aquellos casos en donde se demuestre la situación de riesgo de exclusión social o desempleo de la unidad familiar.
También plantea la supresión de períodos de pago diferentes dependiendo de la zona de residencia y la elaboración de un reglamento del servicio de suministro que contemple los derechos y obligaciones de los usuarios.
Respecto a las tasas de abastecimiento de agua y alcantarillado, reclama una reducción de la cuota fija y aumento de la variable para viviendas principales, la reducción de las cuotas para personas en riesgo de exclusión social y asociaciones sin ánimo de lucro, la reducción del 50 por ciento en los derechos de instalación e inspección y la supresión de la fianza y del alquiler del contador.
Por otro lado, Ganemos pide que el Centro de Acogida Princesa Letizia abra sus puertas 24 horas, que aumente el número de días de media por estancia permitido actualmente, que dé un servicio de comidas completo (desayuno, comida y cena), que se habilite el módulo familiar así como el total de plazas de las que dispone el centro.
Además, insta a duplicar la contratación de personal para dar atención a ese número de plazas disponible, que desaparezca la encomienda de gestión en la Fundación para la promoción de centros y actividades sociales y que se reduzca el sueldo de la directora del centro.
En otra moción, Ganemos plantea que el Ayuntamiento de Santander realice un mapa de las fosas comunes de la ciudad y que se autorice la exhumación de las zanjas del cementerio de Ciriego y se pongan los medios necesarios para ello (permisos, convenios de colaboración con las organizaciones que realizan las excavaciones, exigencia al Gobierno de la dotación presupuestaria necesaria, etc.).
En su escrito, también sugiere que se ponga en conocimiento de toda la ciudadanía la iniciativa con el fin de que se pueda personar cualquier familiar; solicitar la identificación de los cuerpos y que, en el caso de que no hubiera ninguna solicitud en este sentido, se proceda a dar sepultura de una manera digna y honrosa a los represaliados; y que estas resoluciones se hagan efectivas en el plazo máximo de seis meses.
Esta formación ha presentado una cuarta moción en relación con la convocatoria de órganos colegiados, en la que propone enviar por correo electrónico todas las convocatorias de comisiones y reuniones, así como actas y documentación adjunta de las mismas, a todos los miembros de todos los partidos políticos con cargo en el Consistorio, incluido el personal auxiliar y no solamente a los miembros de dichas comisiones.
Sugiere que, en todo caso, se habilite una zona web para la publicación de convocatorias y documentación correspondiente, así como información que se desee compartir con las demás formaciones políticas.
Otras de las acciones que estima oportuno llevar a cabo son la entrega en soporte digital de toda la documentación necesaria para las comisiones, reuniones y plenos, convocar las comisiones de pleno y poner a disposición de los grupos la documentación pertinente con un plazo mínimo de 72 horas previas a la celebración de las mismas, y reducir los plazos de consulta de documentos y expedientes.
El PSOE ha planteado una moción para establecer la policía de barrio de Santander, estudiando su viabilidad para garantizar su permanencia, y fomentar desde el seno de la Concejalía la coordinación de la Policía Local con las asociaciones de vecinos para garantizar la seguridad en todas las zonas de la ciudad.
Por su parte, el grupo regionalista propone iniciar la redacción de un Plan Integral de Rehabilitación de La Albericia, planteando previamente un estudio exhaustivo de las necesidades de este barrio, uno de los más poblados de Santander.
Asimismo, el PRC sugiere en otra iniciativa convocar una oferta de empleo público para incrementar en, al menos dos, los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Santander.
Para los regionalistas, es necesario incrementar la plantilla de trabajadores sociales para que puedan hacer frente a las situaciones de emergencia social de la ciudad.
Por su parte, Izquierda Unida defenderá una moción en la que reclama al Gobierno central que desarrolle reglamentariamente las condiciones de vivienda desocupada que habilitan a las entidades locales a imponer un recargo del 50 por ciento sobre el IBI.
Además, pide al Gobierno de Cantabria que, en el ejercicio de sus competencias, desarrolle normativamente los requisitos que han de exigirse para que una vivienda tenga la condición de desocupada y que cree un registro de viviendas desocupadas que sea puesto a disposición de los municipios de la región.
Por último, Ganemos planteará una pregunta sobre el contrato, el canon y las inversiones de Aqualia.
Fuente: Te Interesa
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